Ante la alerta de la Personería sobre el arribo de 44 familias, compuestas por 68 personas, procedentes del sur de Bolívar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto de estos hechos y reveló que la gran cantidad de desplazados, que también comprenden más de 354 personas procedentes del Chocó, el Catatumbo y otras partes de Antioquia, desbordó la oferta de atención institucional de la ciudad. Además, reveló que, a la fecha, el Gobierno nacional no habría apoyado a través de programas o recursos a esta población afectada por la violencia.

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Por esto, solicitó una intervención del Gobierno en favor de los más de 420 desplazados que arribaron a la capital antioqueña y pidió que se garantice el actuar de la fuerza pública, para que retomen el control de los territorios y así permitir que las personas vuelvan a sus hogares. Estas fueron sus palabras:

Le pido al Gobierno nacional que se apiade de las víctimas. Le pido al Gobierno nacional que al día de hoy no hay un solo programa ni recursos del Gobierno nacional para las víctimas en Medellín. Todo lo estamos soportando desde la ciudad

“Ya los albergues que nosotros tenemos para atención de víctimas están full. La situación empeora y le pedimos al Gobierno nacional que atienda a las víctimas, que nos apoye con las víctimas que vienen de otras regiones, pero que además controle rápido el territorio a través de la fuerza pública”, aseguró el mandatario.

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Los desplazados del sur de Bolívar y los procedentes del Catatumbo están huyendo del recrudecimiento de la violencia entre las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo en los territorios.

102 familias llegaron a Medellín desde Quibdó y otros municipios de Chocó, debido al paro armado que afecta a la región, y otras 17 personas llegaron desplazadas provenientes de Toledo, Norte de Antioquia, tras hechos relacionados con un homicidio.

Por último, las familias que llegan desplazadas están recibiendo ayuda humanitaria, acompañamiento psicológico y jurídico, y albergue a través de redes familiares o sociales por medio de la ruta de protección para las víctimas, compuesta por funcionarios de la Alcaldía, la Personería, la Defensoría y la Procuraduría.

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